Estos días se cumplieron cuatro años de la aprobación por parte de la ONU de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un texto que está en vigor en España desde el 3 de mayo del 2008. Desde esa fecha, la Convención forma parte plenamente de nuestro ordenamiento jurídico y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas. La Convención deja claro que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos: las personas con discapacidad no son objeto de políticas caritativas o asistenciales sino sujetos de derechos humanos, tan inviolables, imprescriptibles e indeclinables como los de cualquier otra persona.Y entre esos derechos está el derecho a la vida, como recoge su artículo 10. Pero las prácticas sociales van por otros derroteros muy diferentes? Por eso me alegra muchísimo que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) haya elaborado un protocolo para afrontar una discapacidad en el embarazo, nacimiento o primer año de vida. Se trata, según el propio documento, de favorecer la no discriminación y la igualdad de oportunidades ante un diagnóstico prenatal que pueda suponer una discapacidad. El protocolo contempla la designación en los centros sanitarios y análogos de una persona coordinadora de apoyos que facilitará información sobre los recursos, prestaciones y servicios de apoyo disponibles, tanto en el ámbito sanitario como social y educativo. Esta persona actuará como un orientador, llevando a cabo un plan individualizado de intervención para los progenitores. ¿Lo verán mis ojos?
PUBLICADO en La Voz de Galicia
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